“Lineamientos de Derecho Administrativo”, ofrece un amplio panorama conceptual y normativo de la función administrativa del Estado desde la óptica del Derecho Administrativo, considerado como el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización, funcionamiento y atribuciones de la Administración Pública en sus relaciones con otras Administraciones Públicas y los particulares.

Para explicarnos cómo el Derecho Administrativo norma a la Administración Pública, Lescieur toma como punto de partida, el  análisis del concepto “administración”, el cual le es de ayuda para ir desarrollando su estudio. Más tarde enumera y explica las principales características del Derecho Administrativo Público.

De los ordenamientos jurídicos que el autor aborda, hace especial énfasis en aquellos referentes a la Planeación, ya que la considera como “el parteaguas del acontecer distributivo del Estado, aceptando que el objeto material de la distribución son los recursos, formulando un breve recuento jurídico de ellos, así en su expresión financiera y patrimonial, como humana y tecnológica”.

Teniendo todo un antecedente conceptual y normativo, el autor analiza, explica y enuncia la clasificación  del “acto administrativo”. La comprensión del acto administrativo es fundamental para entender cómo actúa el Estado y qué tipo de relaciones guarda con particulares y con las diferentes entidades y organismos que lo componen. Un ejemplo de ello es su capacidad contractual. Todo lo anterior tiene la intención de mostrar, cómo el Estado ejecuta una de sus principales funciones: “la administrativa”, la cual tiene como objetivo distribuir y proveer los recursos para satisfacer las necesidades del interés colectivo.

La obra concluye con un “bosquejo enunciativo de la procuración y administración de la Justicia”, donde se destaca la normatividad  así como los procedimientos en materia. Un concepto interesante que propone el autor es el de “antijuricidad”, es decir “ineficiencia de la norma”. La justicia es la eficiencia intrínseca de la norma vigente, dicho de otro modo, la ley tiene como objetivo o meta lograr la justicia; entonces cuando la norma no se cumple como se encuentra dispuesto, existe ineficiencia, lo que es igual a “antijuricidad”.